A. Proyecto: Construcción de nuevos establecimientos carcelarios
Lamentablemente, prácticamente todas las naciones recorren el mismo rumbo que marca esta tendencia internacional de crecimiento sostenido y constante de los delitos y del aumento de la población reclusa. Esto es un hecho constante y mundial, tanto en países desarrollados como subdesarrollados.
Y como corolario de ello es que el incremento de la inversión pública en los sistemas penitenciarios, ha sido por muchos años una necesidad vinculada con las pésimas condiciones de habitabilidad de los centros de reclusión, así como con las dificultades y las necesidades de inversión en programas de rehabilitación, reinserción y resocialización en casi todas las naciones. Adicionalmente, en la última década la tendencia de crecimiento de la población encarcelada se ha mantenido de forma sostenida, situación que aumenta la presión por mayor inversión pública.
En este panorama, es común enfrentar problemas caracterizado por fallas de seguridad, desbordes, motines, incidentes, fugas, reyertas, introducción y consumo de drogas, corrupción y violencia en las cárceles.
Las respuestas al problema se han centrado principalmente en la construcción de nuevos centros de reclusión. Pero ello, generalmente ha chocado con que uno de los principales problemas de las políticas de seguridad es la carencia de financiamiento. Y este requerimiento de incremento de la inversión pública en cárceles, muchas veces no ha podido ser atendido por falta de recursos o por tener que priorizar otros sectores de la sociedad o de ser atendidos, ello ha tenido efectos negativos en otras áreas de inversión del Estado.
Durante el 1° Congreso Nacional de Arquitectura Penitenciaria, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconocieron que el Gobierno invierte muy poco en el mantenimiento de las cárceles y aseguraron que las unidades, en su mayoría, son obsoletas. "Nuestras cárceles superan los 50 años. Son edificios poco flexibles, que están desbordados de internos. En el 80 por ciento de los casos, cada complejo tiene más de 300 plazas, cifra que los organismos internacionales recomiendan que no se debe superar", dijo Ernesto Villamayor, director de mantenimiento de los establecimientos carcelarios del SPF. Según el funcionario, es cierto que la arquitectura puede ayudar a los reclusos a rehabilitarse, "pero hay una realidad que echa abajo todo lo dicho: hoy se invierte muy poco dinero en el mantenimiento de las cárceles".
La ficha técnica del SPF dice que en el 2005 se destinaron 7.657.400 pesos al mantenimiento de todas las cárceles federales. Este año, el presupuesto en ese ítem bajó y fue fijado en 4.198.000 pesos. "El año pasado pudimos hacer muchos arreglos. No obstante, los fondos son escasos para edificios que están sobrepoblados y que sufren un desgaste constante, no sólo por el maltrato de los internos, sino por el paso del tiempo", concluyó Villamayor. La redacción de un manual con reglamentación y recomendaciones internacionales para la construcción de cárceles, la creación de una comisión multidisciplinaria que trabaje con los sistemas penitenciarios de todo el país y el pedido de clasificación y separación de los presos de acuerdo con el delito que cometieron y el estado de cumplimiento de la pena surgen como los principales objetivos planteados en el 1er Congreso Nacional de Arquitectura Penitenciaria.
"El familiar de una víctima quiere que el delincuente se pudra en la cárcel, y el familiar de un detenido está desesperado por que salga. Pero el Estado debe tener una actitud neutral y repensar el sistema carcelario para recuperar a los presos y devolverlos a la sociedad. Hay que erradicar el pensamiento de que las cárceles son escuelas del crimen", dijo Carlos Firvida, arquitecto y presidente de Arquijus, entidad que organizó el congreso.
"Hoy, en materia de construcción de cárceles, cada uno hace lo que quiere. Es como tocar de oído. Se les presta muy poca atención a las reglamentaciones internacionales. Si a esto le sumamos que hay provincias que no tienen servicio penitenciario, la cuestión se vuelve bastante compleja", comentó Firvida.
En el país, hay unos 66.000 presos, de los cuales 9500 se encuentran alojados en cárceles del Sistema Penitenciario Federal (SPF). Debido al crecimiento sostenido de la población penal, este año se habilitaron 944 plazas y hay en construcción una serie de complejos que permitirá contar con otras 735 plazas, según afirmó en el congreso el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. "Vamos a comenzar a redactar un manual que sirva como guía para la construcción de futuras cárceles, sobre la base de reglamentaciones y recomendaciones internacionales, como las que brinda la ONU. Incluirá, por ejemplo, el tamaño de pabellones, celdas, ventanas y barrotes, entre otras cosas", dijo Firvida.
Según el presidente de Arquijus, la arquitectura penitenciaria permite aprovechar el espacio limitado de una cárcel en beneficio de los condenados y procesados, y pensar así en una nueva política de reclusión. "Dentro del espacio limitado de un complejo penitenciario, hay lugares que se pueden aprovechar en beneficio de la salud mental del preso. Por ejemplo, hay elementos fríos, como rejas y barrotes, que pueden ser sustituidos por otros que cumplan la misma función, pero que no menoscaben la dignidad de los reclusos", explicó Firvida.
La arquitecta Silvina Montoya, del SPF, sostuvo: "La mayoría de las cárceles del país ya cumplió con su vida útil. Tienen más de 50 años. Además, hay una sobrepoblación elevada en la provincia de Buenos Aires y muchas personas están cumpliendo su pena en comisarías". Además, se hizo hincapié en la importancia de la psicología ambiental y en los aportes que puede hacer la arquitectura penitenciaria en la separación de los internos. Es fundamental que exista una división entre presos. Si bien hoy hay una clasificación que diferencia los internos peligrosos de los que no lo son, en los pabellones están mezclados. Es conveniente que haya zonas delimitadas, que ayuden a poner un poco más en contacto con la libertad a los reclusos que están por cumplir sus penas. Actualmente, la provincia de Buenos Aires requiere diez nuevos establecimientos carcelarios.
C. Objetivos generales:
-Implementar el crecimiento de la infraestructura penitenciaria es vital para la mejora de las condiciones del sistema carcelario y cumplir de esa manera adecuadamente con una política de derechos humanos.
-Generar un impacto movilizador que para la economía local de los emprendimientos.
-Establecer el sistema carcelario de gestión (Estatal o privado)
E. Recursos necesarios: Actualmente, existen nuevas modalidades en la materia. Desde hace varios años en algunos países desarrollados, pero recientemente con mayor auge, se vienen implantando nuevas modalidades que apuntan a el doble objetivo de mejorar las condiciones de descongestionar el hacinamiento presente en la mayoría de centros de reclusión y simultáneamente brindar una rápida respuesta a la necesidad de nuevos centros penitenciarios que impliquen a su vez disminuir el costo inmediato para las arcas del Estado.
Estas nuevas alternativas se manifiestan en las denominadas cárceles concesionadas parcialmente o las cárceles privadas y/o privatizadas.
1. Establecimientos parcialmente concesionados: En general, esta modalidad refiere a que la construcción de este tipo de establecimientos penitenciarios, es financiada por una empresa adjudicataria, y el Estado reembolsa el costo a lo largo de un determinado plazo (habitualmente en el entorno de los 20 a 30 años) y, durante ese período, ella administraría los servicios de alimentación, salud, mantenimiento y rehabilitación, recibiendo también una subvención por interno. El Estado por su parte, se reserva y mantiene la administración superior del establecimiento y desde luego la custodia de los reclusos, basándose en el principio constitucional que reserva el uso de la fuerza al Estado.
Es decir que el agente privado es quien realiza la construcción de la infraestructura carcelaria y es generalmente quien provee los “servicios” penitenciarios de alimentación, aseo, salud, lavandería, etc. y quien implementa los programas de reinserción social de los reclusos (educación, capacitación laboral, atención psicológica, deporte, recreación, atención a lactantes de hijos de internas, tratamientos contra alcoholismo y drogadicción, capacitación laboral, acceso a trabajo, deporte, recreación, arte y cultura). Sus resultados serán controlados por el Estado que, de acuerdo a las cláusulas de la concesión, pagará un canon preestablecido por el servicio carcelario.
En manos del Estado quedan las funciones de vigilancia y seguridad de los centros y éste se compromete a efectuar pagos periódicos al concesionario en compensación por la inversión en la construcción de los centros y por la operación de éstos así como pagos periódicos variables por interno que habita el establecimiento. Al cabo de un período determinado que se estipula en el contrato de concesión el establecimiento pasa a manos del Estado.
Una de las financiaciones estimadas como más conveniente, es aquella en la que los costos de construcción son absorbidos por el propietario/constructor de la instalación carcelaria y se transfieren a las tasas diarias de la administración, produciendo un ahorro en comparación con el costo operativo de las administración pública. Entre los mecanismos de contrato y financiación empleados, los más frecuentes son el delease-financing (financiamiento por arrendamiento) y sus diversas formas, como lease-purchase (arrendamiento con opción de compra) o lease-back (venta de la propiedad a inversionistas privados, quienes vuelven a darla en arriendo al gobierno, ej.: renovación de instalaciones existentes).
2. Establecimientos privados y/o privatizados (totalmente concesionados): En esta modalidad, la construcción de una cárcel o la remodelación de una existente, se le encarga a una empresa privada, la que a su vez gestiona su posterior administración. En tal sentido, existe una amplia gama de modalidades de contratos que compatibilizan las posibilidades y necesidades oficiales con el usufructo de la o las empresas comprometidas en la actividad. La concesión se entiende total cuando el inversionista privado construye la cárcel y se hace cargo de prácticamente todo, es decir, no solo de su administración y funcionamiento, sino también de la seguridad.
El Estado por su parte solo se limita a efectúa tareas de control o supervisión y a aporta la materia prima: los reclusos. Obligándose además a pagar un canon por cada uno de los internos, alojados en este sistema de prisiones.
La realidad de esta problematica es impactante en todo el mundo. En 1980 había medio millón de reclusos en Norteamérica. Hoy son ya 2 millones 100 mil, y de aquí a 15 años se estima podrán superarán los tres millones. Veintiuna compañías viven de la construcción y gestión de prisiones, amén de la industria paralela de sistemas de seguridad. Dieciocho Estados apuestan ya por las ventajas de las prisiones privadas, que dicen ahorrar a las arcas del Estado medio dólar por preso y día. Texas, se lleva la palma con 38 cárceles privatizadas. Se sostiene que las prisiones privadas no solamente tienen costos más bajos que las prisiones públicas: introducir la competencia también alienta a las prisiones públicas a innovar y a disminuir los costos. Los Estados con una mayor proporción de prisioneros en cárceles privadas tienen costos menores respecto del alojamiento de los prisioneros públicos. Estudios del Instituto Nacional de la Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de otros, indican que de ser algo, las cárceles privadas son de una calidad más alta que las públicas.
De hecho, a pesar de que la privatización de las prisiones en los Estados Unidos ha estado motivada por los ahorros en los costos, en Gran Bretaña la motivación guía fue una calidad más alta y cárceles más humanas. Después de analizar el tema, el director general de los Servicios Penitenciarios de Su Majestad concluyó que las cárceles privadas son las más progresistas del país en controlar el abuso, en el cuidado de la salud, y en la prevención de los suicidios.De las empresas que operan cárceles privadas, dos concentran en conjunto casi el 75% del total mundial de plazas en cárceles, ellas son la Corrections Corporation of América (CCA), y la Wackenhut Correction Co. (WCC).
Los detractores de estos sistemas, sostienen que se trata de una nueva industria que como tal debe resultar rentable y en consecuencia se abandonará la prevención del delito para que exista cada vez mayor cantidad de presos. Manifiestan que la seguridad no es adecuada y que existen excesos de represión y violencia en general por parte de los responsables. También aseguran que es más costoso recluir a una persona en un establecimiento privado o concesionado que en uno público.
En tanto los defensores de las cárceles privadas o concesionadas aseguran que se combinan beneficios tales como calidad de construcción, eficiencia y calidad de administración y merma del costo preso-día. Sostienen que esta modalidad permite generar las condiciones básicas para implementar adecuadas y efectivas políticas de rehabilitación y reinserción de la población reclusa, tales como programas laborales, educativos, contra las adicciones como las drogas y alcohol, psicológicos, etc.
Existen empresas privadas operando cárceles en países como Inglaterra, Escocia, Australia, Francia, Sudáfrica, Canadá, Nueva Zelanda, y Estados Unidos. La idea también se encuentra en desarrollo o implantada también en países como: España, Costa Rica, México, Venezuela y Brasil entre otros.
En Chile, se inauguró el año pasado la primera cárcel concesionada a privados, de un total de diez que vienen siendo construidas. Chile avanza así en un ambicioso programa de construcción de diez unidades carcelarias concesionadas a operadores privados, que habilitarán 16.335 plazas de las cuales el 48,6% estarán destinadas a régimen de máxima seguridad según el proyecto oficial. El programa, que duplicará la infraestructura penitenciaria trasandina existente, prevé una inversión privada de 280 millones de dólares para la edificación de 370 mil cuadrados. La concesión es a un plazo de 20 años. El presidente saliente, Ricardo Lagos, ya inauguró el primero de los establecimiento en Rancagua.
En Alemania, las penas de cárcel ya pueden cumplirse en penitenciarías parcialmente privadas (PP), como la inaugurada hace unos meses en Huensfeld, Essen (donde el grupo británico Serco Group, es copropietario de esta nueva cárcel). El Gobierno alemán ha dado esta concesión al líder del mercado en Gran Bretaña —Serco Group ya gestiona allí cinco penales de este tipo para adultos y uno para menores—. El gobernador de Essen, Roland Koch, se mostró satisfecho al calcular en 660 mil euros por año el ahorro que el Estado podrá realizar en base a esta iniciativa. También Francia. Por su parte el ministro francés de Justicia, firmó el pasado 19 de diciembre en Nancy la escritura de venta del terreno para una futura prisión privada. El primer centro penitenciario totalmente construido y administrado por el sector privado, que reemplazará a una de las prisiones más viejas de Francia. La nueva prisión de Nancy sustituirá a la actual superpoblada y vetusta construida en 1857 en un antiguo convento. La construcción de esta prisión forma parte de una licitación otorgada al grupo de BTP Eiffage. Y comprende también los futuros establecimientos de Roanne-Lyon y Béziers. Según las modalidades de esta colaboración pública-privada (PP), el financiamiento, la construcción, el mantenimiento y la conservación son confiados a la empresa privada durante 30 años.
Quienes han incurrido en la experiencia de cárceles concesionadas o privatizadas suelen referirse a una serie de ventajas del sistema implantado.
-En primer lugar, permiten renovar muchos de los establecimientos penitenciarios actualmente en uso, algunos de más de un siglo de antigüedad y otros obsoletos en su diseño y/o condiciones.
-En segundo lugar, el Estado no tiene que hacer frente a una gran inversión en materia de infraestructura carcelaria, sino que al otorgar la concesión prorroga en el tiempo el desembolso que ello implica. Las condiciones de financiamiento, según varios analistas, resultan por lo tanto ventajosas para el Estado en el largo plazo.
-En tercer lugar y dado que los convenios con las empresas adjudicatarias establecen como obligatorias normas y estándares de un alto nivel de exigencia, es esperable que los nuevos penales incrementen la calidad de la operación de todo el sistema en lo relativo a aspectos como alimentación, salud, rehabilitación y otros, centrales a la hora de evaluar un sistema de ejecución de penas.
-En cuarto lugar y una vez transcurridos los años que dura la concesión, el Estado dispondrá de establecimientos bien construidos y mantenidos, que podrá operar en forma directa o licitar, según sea la conveniencia del momento
Lamentablemente, luego de los anuncios del 2006, el Gobierno Nacional se ha detenido en el desarrollo de la infraestructura carcelaria. Nuevamente aparecen nuevos anuncios: "La nueva infraestructura carcelaria, a toda marcha" con fecha del 15/03/2010 Ya se llamó a licitación para construir el Centro Federal Penitenciario de Luján de Cuyo, en Mendoza, y en la ciudad salteña de General Güemes están
terminando las obras del Complejo del Noroeste. Antes de fin de año licitarán los penales de Coronda (Santa Fe) y Mercedes (Buenos Aires). Un total de 3.236 plazas se incorporarán al sistema penitenciario federal argentino cuando concluyan las obras de construcción de las cuatro nuevas cárceles “modelo”
contenidas en el Programa Nacional de Infraestructura Carcelaria que desarrolla y ejecuta el Ministerio de Justicia. El conjunto de obras incluye además la ampliación hecha en las unidades de mujeres 3 y 31 con sede en Ezeiza.
El Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria incorpora 182.589 m2 en cuatro nuevas instalaciones ubicadas en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Salta y Buenos Aires; y las ampliaciones ya realizadas en el Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 3) y el Centro Federal de Detención de Mujeres (Unidad 31), ambas de la localidad de Ezeiza. De las cuatro obras nuevas, la correspondiente al Complejo del Noroeste, que se construye en la ciudad salteña de General Güemes, estará lista para finales de año, en tanto que la licitación de la obra del Centro Federal Penitenciario de Luján de Cuyo, en Mendoza, prevé para el 30 de abril la apertura de los sobres con las ofertas de los interesados.
Los restantes, el Complejo Federal de Condenados Agote de Mercedes (provincia de Buenos Aires) y su similar de Coronda (provincia de Santa Fe) serán licitados también antes de terminar este año.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) cuenta hasta la fecha con lugar para 10.776 internos, y que el plan oficial “es ampliar ese número a 14.008, lo que significa incrementarlo nada menos que un 30 %”, explicó el titular de la cartera de Justicia, Julio Alak.
El titular del SPF, Alejandro Marambio, reveló que “los nuevos penales son establecimientos modelo”, y explicó que “la arquitectura y las condiciones edilicias fueron estandarizadas de acuerdo a la moderna normativa penitenciaria vigente en los países más avanzados en la materia, como Canadá y los miembros de la Unión Europea”.
Tambien, Julio Alak, anunció en Mendoza la construcción del Centro Federal Penitenciario de Luján de Cuyo, que alojará a 536 internos y dará trabajo a 500 personas. La obra, que generará otro medio millar de empleos directos e indirectos, permitirá superar la emergencia carcelaria de la provincia y solucionar los problemas de superpoblación que se registran en los institutos penales de la región, que incluye también los territorios de San Juan, San Luis y La Rioja. El titular de la cartera anticipó que el nuevo penal será “uno de los más modernos y amplios del país, y servirá para mejorar y corregir problemas de superpoblación y
emergencia”. El funcionario nacional aseguró que “será una cárcel modelo”. Precisó que el penal empleará a unas 500 personas entre administrativos y guardias y durante su construcción, generará otro medio millar de empleos directos e indirectos. El gobernador mendocino, Celso Jaque, anunció que la provincia encarará la realización de un barrio destinado al personal permanente del establecimiento carcelario.
Fuente: Diario La Nación - http://www.tacticalcg.com/articulos/Pragmatismo%20carcelario.pdf
Interesante la nota pero estoy en desacuerdo en la gestion privada de las carceles. El estado debe ser el ejecutor de todas las politicas sociales de la nacion.Amen de los costos.Saludos.
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