A. Proyecto: Promoción del Complejo Agroindustrial (Esta
basado en los excelentes artículos publicados por Arturo Navarro (Ex Presidente
de CARNAP. - Ver datos útiles)
B. Fundamentación:
La agroindustria es la industria más importante y
competitiva del país y la base fundamental para el desarrollo nacional, lo que
requiere establecer un compromiso para integrar definitivamente y en forma
permanente al sector agropecuario y a las agroindustrias y consolidar así el
complejo productivo más importante y competitivo del país, que, en igualdad de
condiciones con los otros sectores de la economía, nos permitirá multiplicar
nuestras producciones y exportar con valor agregado a todos los mercados del
mundo, igualando a todas las regiones del país y a sus habitantes con un
proyecto integrador para el desarrollo del país para revertir la actual
decadencia mediante un proyecto planificado de crecimiento y de desarrollo a
largo plazo, en función de valores y objetivos económicos generales y
sectoriales de política agropecuaria y agroindustrial a ser respetados por
todos, promoviendo la exportación de alimentos para abastecer la creciente
demanda mundial y generar un gran desarrollo de la economía.
- Asegurar un tipo de cambio nominal que permita la
protección de los sectores eficientes de la economía que no sea sometido a las
fluctuaciones derivadas de su empleo como instrumento de política
antiinflacionaria o de redistribución de ingresos.
- Eliminar el control
de cambio y las restricciones a operar en moneda extranjera.
- Eliminar las restricciones cuantitativas, cuotas y toda
traba para exportar e importar.
- Implementar una política tributaria y de coparticipación
actualizada, según un país federal.
- Permitir derechos de exportación solo aprobados por Ley
del Honorable Congreso de la
Nación.
- Implementar aranceles de importación no superiores al 10%
para todos los bienes.
- Implementar la libertad de precios para todos los bienes y
servicios.
- Promocionar los mercados a término.
- Estimular la promoción del crédito y de la asistencia
financiera en condiciones de mercado y asistencia promocional del BICE y del
Banco Nación, especialmente para las Pyme.
- Estimular la promoción de las coberturas de riesgo
climático, con participación del Estado hasta asegurar la generalización de su
empleo con primas de seguro que induzcan al productor a cubrirse.
- Estimular el desarrollo de la biotecnología.
- Respetar la propiedad intelectual y modernización de la
legislación, según estándares internacionales. Reglamentar el llamado “uso
propio”, para que cumpla sus objetivos sin desalentar el desarrollo genético y
biotecnológico.
- Promover el cuidado del medio ambiente a través de una
buena rotación de cultivos y el aumento de la productividad por unidad.
- Desarrollar una política de infraestructura y logística
para asistir el crecimiento sostenido de la producción, del comercio y del
transporte.
- Promover la formación de clúster productivos regionales entre el sector
público agropecuario, el sector privado y los gobiernos provinciales y locales
promoviendo con proyectos específicos y estratégicos, así como una actividad
principal y sus servicios asociados.
- Lograr tasas sostenidas de alto crecimiento de la
producción, atemperando los ciclos y las fluctuaciones bruscas
- Promocionar inversiones atractivas para que contribuyan a
reducir las tasas de desempleo y promuevan el desarrollo regional lo que
alentaría a la población a radicarse en todo el territorio nacional.
- Promover una mejor distribución de la riqueza personal,
sectorial, funcional y regional, reduciendo los niveles de pobreza, eliminando
la marginalidad y la pobreza extrema.
- Recuperar la cultura del trabajo, defender el valor de la
moneda y la estabilidad de precios, a través de la independencia del Banco
Central
- Respetar la seguridad jurídica de los inversores externos
e internos y el cumplimiento de los compromisos por endeudamiento público.
- Generalizar el empleo de las tarjetas inteligentes para
asistir a los sectores de menores recursos, con subsidios explícitos al consumo
alimentario con un plan universal.
- Extender a la familia rural todos los beneficios de las
políticas sociales y asistenciales de nivel nacional.
1. Retrotraer las funciones que tenía la ex Oncca (Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario) cuando se creó en 1996, derogando
todos los ROE (Registros de Operaciones de Exportación) que interfieren la
libre comercialización y exportación a la producción y liberar todas las
importaciones de los insumos en forma automática, para no limitar la capacidad
de producción del sector agropecuario.
2. Ejecutar una política transitoria, hasta que se eliminen
los derechos de exportación. Mientras las retenciones permanezcan vigentes, se
utilizarán como pago a cuenta de impuestos nacionales y provinciales. Para
quienes no tengan el compromiso fiscal que pagar en el ciclo que se generó este
bono fiscal, el Estado tendrá que restituirles dicho saldo en forma inmediata,
como la mejor forma de ser ecuánime con todos los productores y zonas del país
en el tratamiento impositivo. Aunque parezca una simpleza la propuesta de los
dos puntos anteriores, fue con estos dos instrumentos que el gobierno castigó a
los productores por medio de la expropiación de la renta y la implementación de
subsidios cruzados. Con este sistema, terminó castigando también a los
consumidores a quienes decía defender, distorsionó los precios relativos y
generó una corrupción estructural que alcanza niveles intolerables.
3. Legislar un incentivo fiscal al mayor uso de
fertilizantes, a fin de hacer sostenible el modelo productivo. El aumento de la
productividad no es antagónico con una buena rotación de cultivos y el cuidado
del medio ambiente. No debemos seguir exportando los nutrientes de nuestros
suelos y no reponerlos por falta de rentabilidad de los cultivos por causa de
los derechos de exportación.
4. Sancionar un nuevo proyecto de ley sobre el régimen
federal de uso de productos fitosanitarios, a fin de actualizarlo a las
demandas sobre la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.
5. Promover políticas que aseguren el reintegro a la
propiedad intelectual de los semilleros. No se trata de acciones de lobby en
defensa de nadie, sino de poner a nuestro país al mismo nivel de la legislación
del Mercosur y del mundo.
6. Establecer una legislación cuyo objetivo sea cubrir los
riesgos agrícolas y comerciales, que incentive el mayor uso del seguro privado
y la creación de un fondo permanente anticíclico, para atender los fenómenos
climáticos no previsibles.
7. Modificar la actual ley de warrant vigente desde el año
1914, porque necesitamos abaratar la financiación, adaptando la actual ley al
nuevo y más moderno sistema de producción, comercialización, industrialización
y exportación.
Lo enunciado precedentemente es lo que necesita urgente el
productor para bajar sus costos de financiamiento y aumentar su productividad,
para que el país pueda aumentar las exportaciones, generando los dólares
genuinos que precisa la
Argentina para salir de la actual deformación de precios
relativos. Esta agenda debe completarse con políticas sociales que atiendan
especialmente al pequeño productor y con subsidio a la demanda de alimentos de
los que menos tienen por medio de una tarjeta magnética universal.
Lo presentado a continuación
es autoría de Raul Delpech
Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de su
sector agroindustrial, basado en la excelente dotación de recursos naturales, así como en
la capacidad de su sistema empresarial para la incorporación de innovaciones
tecnológicas y organizacionales para aumentar la producción, agregar valor y
mejorar su competitividad, es decir crecer significativamente en forma sostenida.
El escenario internacional favorable del comercio mundial de
alimentos, fibras y biocombustibles brinda una oportunidad histórica para
aprovechar al máximo dicho potencial y contribuir al crecimiento de la producción y del empleo del país. Estas circunstancias favorables no están
siendo plenamente aprovechadas, por la vigencia de una visión arcaica y
equivocada, que percibe a la agricultura argentina como un sector no
tecnificado y limitado a generar rentas naturales, que no tiene en cuenta los
eslabonamientos y complejas tramas que caracterizan al sistema agroindustrial
moderno. Ello se refleja en políticas que han limitado su crecimiento y, con
ello, el desarrollo económico y social sustentable y equilibrado de Argentina,
especialmente del interior del país.
Las profundas transformaciones registradas en las cadenas
agroindustriales a partir de los años noventa, con aumentos notables de productividad, el
uso creciente de mejoras genéticas, fertilizantes, agroquímicos y otras tecnologías
modernas destinadas a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales
-incluida la agricultura de precisión-,
así como los desarrollos en la provisión de insumos, en la en la agroindustria procesadora de la producción primaria y en los cada vez más
exigentes servicios requeridos para la producción, cosecha, transporte y
comercialización que han dado lugar a nuevas formas de organización de la
producción, el procesamiento y la distribución de alimentos y otros bienes
agroindustriales, destacan la necesidad de plantear una nueva visión y
políticas acordes.
Una visión que permita superar concepciones erróneas que hoy
tiene gran parte de la sociedad, que no reconoce su importancia estratégica para:
i) el crecimiento económico sostenido y el desarrollo territorial; ii) la generación de
empleo genuino en las distintas etapas de las cadenas; iii) el fortalecimiento de un entramado económico y social que involucra a más de 400 mil PYMES de capital nacional; iv) la
generación de un balance neto muy positivo de divisas, necesario para compensar el
déficit neto que genera el resto de las principales actividades económicas. Es decir
una visión que contemple adecuadamente a un complejo agroindustrial y de
servicios que puede contribuir en forma significativa al desarrollo nacional
equilibrado que todos deseamos.
Esta propuesta está dirigida a promover la concertación
de Políticas de Estado que promuevan un desarrollo económico y social sostenido del
sistema agroindustrial, como uno de los pilares fundamentales de toda la economía
argentina. Entre los principales lineamientos de dichas políticas se propone:
• Impulsar la generación y adopción de tecnología como
motores del crecimiento y de la trasformación productiva, reconociendo la importancia
estratégica de la biotecnología. Ello implica aumentar la inversión pública en
investigación y desarrollo, crear un contexto propicio para aumentar sensiblemente la
inversión privada y mejorar su articulación con el sistema científico, como está
ocurriendo en los principales
países competidores.
• Establecer una política de comercialización y de precios
transparente y predecible, que fomente la
competencia y el buen desempeño de los mercados de productos agropecuarios y
promueva las inversiones y el incremento de la producción. Eliminar las restricciones a
la exportación.
• Evolucionar hacia una política impositiva agropecuaria que
se aparte de los impuestos que penalizan la
inversión y el aumento de la productividad y que contribuya a incrementar de
manera sostenida la oferta, satisfaciendo las necesidades genuinas de recaudación,
locales y nacionales. Se propone la eliminación gradual de las retenciones (impuestos
a las exportaciones) y su sustitución por los impuestos aplicados al resto de la
economía.
• Participar
activamente en las negociaciones internacionales que impulsen un comercio mundial
sin barreras a la producción agropecuaria y que ubiquen al país como proveedor confiable y responsable de
alimentos, fibras y biocombustibles. Mejorar el acceso a los
mercados de mayor importancia mediante una estrategia ofensiva en materia de
tratados de libre comercio y la creación de una agencia relevante de promoción del
comercio exterior.
• Promover la
producción de biocombustibles, incluyendo los futuros desarrollos de los biocombustibles
de segunda generación, cuidando de lograr un adecuado equilibrio en el uso de
los recursos naturales disponibles.
• Mejorar la
infraestructura de transporte y de riego en apoyo a la integración territorial,
a la mejora de la competitividad y al aumento de la producción del sector. Ello implica recuperar y fortalecer el
transporte ferroviario de granos y otros productos agropecuarios, desarrollar
el transporte fluvial y garantizar la transitabilidad
permanente de los caminos nacionales y rurales. Coordinar
las políticas de infraestructura nacional y provinciales mediante la creación
de un Consejo Federal de Infraestructura
Rural.
• Diseñar y
ejecutar, en acuerdo con las provincias, las medidas que garanticen la adecuada utilización y preservación de los
recursos naturales renovables. Establecer un marco federal de
Política de Conservación de Suelos y Agua y promover las buenas prácticas agrícolas
en el uso del suelo, aguas e insumos.
• Diseñar y
ejecutar políticas específicas de apoyo a la agricultura familiar, que
faciliten su acceso al crédito, a la asistencia técnica y a los mercados de
productos e insumos mediante nuevas formas de organización y la implementación
de programas especiales para
pequeños agricultores y las comunidades rurales. Las necesidades de la agricultura
familiar deben ser un elemento central para las prioridades de inversión en la
infraestructura de caminos rurales, educación, salud, comunicaciones y electrificación.
Oportunidades productivas en el interior e infraestructura social y de apoyo a la
producción son instrumentos fundamentales para limitar la migración rural urbana
traumática que se ha registrado por décadas en el país.
• Fortalecer y
consolidar una estructura institucional del sector público agro-industrial acorde con la
relevancia y complejidad de las Políticas de Estado propuestas.
Se propone una
nueva visión que reconozca la existencia de un sistema agroalimentario y agroindustrial
que tiene una amplia base territorial y un gran potencial de crecimiento de la producción y
el empleo y con creciente aporte neto de divisas, componentes claves para la
economía en su conjunto. Con esta visión se propone instrumentar políticas que
aprovechen todo el potencial del sector agropecuario para contribuir al
desarrollo
económico y social del país, teniendo en cuenta la existencia de un contexto internacional
sumamente auspicioso para la producción de alimentos y que se estima continuará durante
las próximas décadas. Dichas políticas serán un eje central para concretar avances
sustanciales en los temas de desarrollo nacional pendientes de solución.
Esta propuesta toma en conjunto a las relaciones multisectoriales que se establecen a partir de la producción agropecuaria primaria y subraya su aspecto territorial, lo que resulta particularmente importante de reconocer en un país que aspira a ser genuinamente federal.
Esta visión es
necesaria para superar las concepciones erróneas que no han advertido la importancia central
del sistema agroalimentario y agroindustrial para generar empleos en Argentina y que
todavía hoy se imaginan un sector agropecuario limitado a recoger rentas naturales,
escasamente tecnificado y vinculado al resto de la economía y de la sociedad a partir solamente
del aporte de divisas y de ingresos fiscales.
El contexto
internacional favorable ofrece una excelente oportunidad para la tecnificación y aumento de la
productividad de la agricultura, que permitan mejorar la competitividad de la producción y
enfrentar eventuales escenarios internacionales menos favorables.
La producción
agropecuaria ha sido, y es, uno de los pilares de la economía argentina. Sin embargo, y como
consecuencia de circunstancias nacionales e internacionales, a mediados del siglo
pasado se instaló en el imaginario colectivo y en el pensamiento económico una
imagen distinta. A la agricultura le
quedó reservado el papel de sector dudoso y hasta perjudicial en el escenario político
de nuestro desarrollo económico y social. Esto ha llevado a no reconocer lo que ya es: el
principal conglomerado productivo y altamente competitivo del país en su conjunto
y de la mayoría de sus regiones, pese a todas las dificultades generadas
por políticas
desacertadas. Los vínculos hacia atrás y hacia adelante, así como los horizontales en
cuestiones cruciales tales como ciencia y tecnología, existen y podrían potenciarse ante
políticas que se correlacionaran positivamente con el potencial nacional.
Sin embargo dichos
vínculos son oscurecidos por un convencimiento mayoritario que obliga a tener
mucho coraje para atreverse a jerarquizar a la agricultura como uno de los ejes
estratégicos del desarrollo nacional.
Independientemente
de las percepciones erróneas que pueda haber, las tablas de insumo-producto de las
Cuentas Nacionales permiten subrayar que el sector agropecuario es uno de los sectores
productivos con mayor capacidad para generar ingresos y empleos directos e
indirectos en toda la economía. El sistema agroalimentario y agroindustrial, que integra a la
producción agropecuaria en una compleja trama de actividades previas y posteriores a
dicha producción, es un pilar del desarrollo de Argentina. Este sistema
genera en forma
directa no menos del 20% del PBI, así como más del 55% de las exportaciones.
Tomando en cuenta
sus efectos sobre otras actividades y sobre el consumo, las cadenas
agroindustriales que integran el sistema aportan al fisco más del 35% de la
recaudación total, es decir una
contribución mucho mayor a su participación en el PBI. Quizás tan
importante como destacar el reconocido aporte del sistema a las exportaciones y la recaudación
fiscal, sea detenerse en su papel en la generación de empleo.
Diversas
estimaciones han calculado que el empleo en las cadenas agroalimentarias y agroindustriales va
desde el 20 hasta el 35% del empleo total del país, según las metodologías de cálculo del
empleo indirecto. Este rango de diferencias en las estimaciones solamente podría
aclararse con acceso a la más reciente tabla de insumo producto de las Cuentas
Nacionales, todavía no disponible públicamente. Las diferencias señaladas no pueden oscurecer
que:
• la importancia
estratégica de este sistema centrado en la producción agropecuaria y movilizado a partir
de ella son hechos innegables, constituyendo una de las mejores opciones de
crecimiento y desarrollo equilibrado del país;
• el sistema genera
un número de empleos significativo, que no puede ignorarse mediante cálculos
que se limiten a la estricta utilización de mano de obra en la producción primaria;
• la mencionada
capacidad de crecer y absorber empleo es financiera y fiscalmente sostenible ya que,
en vez de requerir subsidios, el sistema ha subsidiado y subsidia al resto de la
economía y de la sociedad;
• la extensa
cobertura geográfica del sistema fortalece la integración territorial y sus efectos positivos
repercuten en la actividad económica y el empleo en todo el territorio nacional;
• el sistema
agroindustrial incluye más de 400.000 empresas que, en su gran mayoría, son PYMES y
representan una amplia fracción del empresariado nacional.
Vista la
importancia del sistema agroalimentario y agroindustrial y el papel que en él tiene la producción
agropecuaria, urge acordar una clara visión sobre lo agropecuario y lo rural, a
efectos de generar políticas que optimicen las contribuciones de todo el sistema al
desarrollo nacional. Dicha visión debe
partir del reconocimiento de la evolución de la actividad agropecuaria. El crecimiento
sectorial y, por consiguiente, el del sistema agroalimentario y agroindustrial en su conjunto, se
aceleró notoriamente en las últimas dos décadas como resultado de innovaciones
tecnológicas, organizacionales y empresariales. Además de los
aumentos
espectaculares en la producción de granos y sus productos procesados, se registraron cambios
muy importantes en algunas actividades en aspectos tales como la calidad del
producto, su valor agregado y el volumen exportado, en casos como la avicultura, la
vitivinicultura, la olivicultura y la producción cítrica.
Si bien en algunos casos, como en el algodón,
la modernización estuvo asociada a la reducción de
empleo, esto no aconteció en las principales cadenas. Se ha estimado que el crecimiento
y las nuevas formas de organización de la agricultura implicaron un aumento notable de
las inversiones, del área cultivada y la producción, y generaron 200.000 empleos
directos adicionales durante el período 1993-99. Los efectos positivos sobre el empleo
total incluyeron al generado por los crecientes servicios agropecuarios, el transporte y la
actividad agroindustrial.
La producción
agrícola tuvo un nuevo impulso a partir de 2002-2003 con base en un dólar alto, a su
vez resultante de la crisis del año 2002, y de una política expresa de “dólar caro”, y del
posterior incremento de los precios internacionales. Estos resultados positivos más
recientes no se produjeron en todo el sector, ya que la ganadería vacuna declinó
sustancialmente a causa de políticas que deprimieron los precios internos hasta poco después de la
gran sequía de 2008. El stock ganadero cayó en unos 12 millones de cabezas y está hoy
en alrededor del 20% por debajo de su nivel de 2006. Por su parte, la producción de
lácteos cayó 20% entre 1999 y 2003, recuperando recién en 2009 el nivel que había
logrado 10 años atrás.
En síntesis, la
experiencia de la última década indica que existe una situación favorable en algunos rubros,
en los que la Argentina
es muy competitiva y ha podido sobrellevar los efectos negativos
de las retenciones a las exportaciones y de otras políticas de regulación del mercado
adversas a la producción.
Pese a la
existencia de las situaciones favorables para la producción agropecuaria, ya mencionadas, es
urgente definir una política sectorial coherente y de largo plazo. Esta urgencia se
fundamenta en diversos argumentos importantes, a saber:
1. Como
consecuencia de una política comercial inadecuada, se perdieron y se continúa perdiendo
oportunidades para aprovechar plenamente las condiciones del mercado
internacional, expandiendo al máximo la producción. Las oportunidades perdidas se ponen
especialmente en evidencia en la comparación con la ganadería de países vecinos.
La declinación reciente de nuestra ganadería debe compararse con incrementos de
la producción del 20% en Uruguay, 31% en Paraguay y 42% en Brasil durante la
última década. La ganadería
bovina, la producción láctea y de trigo son ejemplos palpables y bien conocidos de las
consecuencias de una intervención desacertada del Estado con el objetivo de regular
los precios internos. El resultado final fue la disminución de la producción en trigo
y lácteos y la caída del stock de ganado vacuno y de su producción actual y de los
próximos años. El efecto final, contrario a todo lo deseable, fue la disminución de
las exportaciones de carne en 70% y el aumento de precios para el consumidor
local.
En otros casos,
como sucede con frutales y con varios productos regionales con un alto impacto en el
empleo local, las deficiencias de políticas que se han verificado durante años no
sólo se centran en políticas explícitamente adversas sino, además, en la ausencia de
una estrategia de apoyo que atienda a los problemas estructurales que afectan a la
comercialización y al sistema productivo.
En el caso de los
cereales y oleaginosas, un marco más favorable de políticas y de inversiones en
tecnología e infraestructura hubiera resultado en producciones y exportaciones más acordes con el
potencial productivo y con las condiciones favorables del mercado
internacional. Como ejemplo, si se liberara el comercio de cereales y oleaginosas, la
producción podría aumentar un 50% y así llegar a los 150 millones de toneladas en una
década. Una expansión de esta magnitud tendría muy claros efectos en el
progreso del interior, la generación de empleo directo e indirecto, el desarrollo de PYMES
de servicios y en un fuerte aumento de las exportaciones y de la recaudación
fiscal.
2. Se carece de una
visión de largo plazo y se instrumentan políticas diseñadas con fines fiscales,
dedicadas a captar parte de un beneficio que solamente puede ser generado por las explotaciones
más grandes y más tecnificadas. Esta falta de visión de largo plazo es una
de las causas del abandono del interior, al impedir el desarrollo y la capitalización
de productores con explotaciones de menor tamaño, o localizados en regiones más
alejadas de los puertos y con peores condiciones agroecológicas y productivas que
las existentes en la región pampeana. Esta penalización ha sido un factor central
que explica la amplitud de la reciente movilización política de los productores rurales
y del interior en su conjunto.
3. No existe una
política clara y activa de inversiones públicas en el interior del país que se integre a
una política agroalimentaria y agroindustrial de desarrollo rural a largo plazo, tanto
en el área de la infraestructura física (expansión del riego y de la red de
ferrocarriles y caminos rurales), como en la atención de la educación, la salud, la vivienda
y otros servicios sociales. Esto ha causado un retraso relativo del interior y la
continuación de un largo proceso de migración rural-urbana, que ha concentrado un
tercio de la población del país en el Gran Buenos Aires (y casi el 50% de la población
localizada en media docena de centros urbanos). Ello ha dado lugar al
surgimiento de bolsones de pobreza y desempleo en la periferia de las grandes ciudades.
4. Los resultados
indeseables de concentración y pobreza urbana se explican también por políticas
macroeconómicas y comerciales que discriminaron en contra del sector agropecuario,
especialmente de las regiones más alejadas de los puertos. Las políticas adversas limitaron
la capacidad de las economías regionales para retener su incremento de
población en empleos directos o vinculados al sistema agroalimentario y agroindustrial, y
así generar los consiguientes beneficios para la estructura económica y social
local.
5. La existencia de
una legislación laboral obsoleta y sujeta a escaso control de aplicación genera episodios de
desamparo de trabajadores rurales, especialmente de los temporarios que se
desplazan acompañando a las distintas zafras.
Estos son los desafíos más importantes que consideramos necesario enfrentar con estrategias e instrumentos para el desarrollo rural territorial, con la convicción de que el sistema agroalimentario y agroindustrial es uno de los pilares clave del desarrollo del país. Es decir que el elemento central a ser acordado por las fuerzas políticas es un conjunto de Políticas de Estado que den estabilidad y seguridad a la producción y su comercio.
Estos son los desafíos más importantes que consideramos necesario enfrentar con estrategias e instrumentos para el desarrollo rural territorial, con la convicción de que el sistema agroalimentario y agroindustrial es uno de los pilares clave del desarrollo del país. Es decir que el elemento central a ser acordado por las fuerzas políticas es un conjunto de Políticas de Estado que den estabilidad y seguridad a la producción y su comercio.
La visión propuesta
concibe un sistema que excede a la actividad agropecuaria primaria, incorporando tanto
a los vínculos económicos previos a dicha producción como a las actividades
industriales posteriores a ella. Entre los vínculos previos a la producción, se incluyen la
producción y el mantenimiento de maquinarias y bienes durables, el desarrollo de mercados
financieros, la provisión de mano de obra, de servicios varios y de insumos tales como
semillas, fertilizantes y productos sanitarios, así como la transferencia de tecnología y de
otras informaciones especializadas. Entre los vínculos posteriores a la producción
primaria se destacan la comercialización, el procesamiento agroindustrial y el transporte en
sus diversas formas. A estos eslabonamientos verticales “hacia adelante” y “hacia
atrás” de la producción primaria corresponde agregar las relaciones horizontales con
sistemas tales como los de generación de conocimiento y con todo el complejo de
relaciones económicas y sociales de cada medio local.
Esta nueva visión
postula una perspectiva territorial. Al reconocimiento de los vínculos entre lo
agropecuario y una importante gama de actividades productoras de bienes y servicios se agrega
el componente territorial, porque lo agropecuario es la base de la actividad económica
en la mayor parte de la geografía nacional y, en consecuencia, influye
decisivamente en el desarrollo del interior del país. En el territorio se
integran espacios rurales y
urbanos a través de la oferta y demanda de bienes y servicios económicos y culturales. Los
sistemas productivos interactúan con centros de mayor densidad poblacional que brindan
el soporte institucional, económico y social a la producción.
Alrededor del 70% del país está ocupado por territorios donde la producción agropecuaria es la base productiva. Un tercio de la población del país vive en ciudades de menos de 100.000 habitantes y el desarrollo económico, institucional, social y político de estas ciudades tiene su base en el crecimiento y progreso del sistema agroalimentario y agroindustrial. Esta es la situación generalizada con la excepción de algunos enclaves turísticos, siderúrgicos, portuarios o mineros.
La nueva visión
requiere que las poblaciones locales y sus dirigentes reconozcan la importancia del efecto de los
flujos económicos de este sistema en su territorio y de las actividades que le dan
vida. El reconocimiento del rol del empleo local en la corrección de los
desequilibrios territoriales es fundamental para conformar una nueva visión que lleve a definir
políticas compartidas por la sociedad en su conjunto. La generación de empleo local rural
y de los pequeños centros urbanos, a partir de transformaciones tecnológicas y económicas del
sistema agroalimentario y agroindustrial, es necesaria para un mejor equilibrio
poblacional en el territorio nacional.
Como resultado del continuo mejoramiento tecnológico, es previsible que el efecto agregado sobre el empleo en todo el sistema compense holgadamente la reducción de mano de obra no calificada por unidad de superficie que pueda experimentar en algunos casos la producción primaria. Una ilustración de este potencial para generar empleo surge de estimaciones realizadas a través de la tabla de insumo-producto de
las Cuentas
Nacionales, que indica que un incremento del 50% de la producción de cereales y
oleaginosas generaría entre 220 y 240 mil empleos en los distintos eslabones de esas cadenas en
el término de una década. Esta cifra puede ser contrastada con los 11.000 empleos
adicionales que generó la industria automotriz (terminales y autopartes) durante el período
1998-2008, cuando la producción aumentó también 50%.
La necesidad de
lograr una mayor y mejor oferta de puestos de trabajo, complementada con los necesarios
aspectos educacionales, de servicios públicos y sociales, de salud y vivienda, sugiere
adoptar una visión de desarrollo rural territorial. Un desarrollo rural basado en el
crecimiento de la producción agroalimentaria y agroindustrial es imprescindible para reducir la
pobreza rural y del interior, donde se concentra la mayor parte de la pobreza total
del país, y para reducir los flujos poblacionales hacia los centros urbanos. También en
este aspecto se suelen advertir percepciones erróneas acerca de dónde se encuentra
la mayor parte de la pobreza; debe notarse que, los censos oficiales muestran que el
número de pobres que habitan en el NEA y NOA es superior al correspondiente a los grandes
centros urbanos y sus periferias en la Región Pampeana.
Todo lo mencionado
nos lleva a afirmar que la política económica y social de la Nación para el sistema
agroalimentario y agroindustrial debe ser un componente central de la política
nacional. Es importante destacar que las políticas públicas que se proponen no requieren de
inversiones adicionales significativas, excepto las que se refieren a la infraestructura
física. Por otra parte, los incrementos de producción resultantes de las mismas generarán
mayores ingresos públicos y un mayor bienestar general.
Nuestra propuesta
considera que las políticas para el sistema agroalimentario y agroindustrial son un componente
central de una estrategia nacional de crecimiento económico sustentable con
equidad social y territorial. En el marco de la
estrategia nacional, las políticas que se proponen para el sistema agroalimentario y
agroindustrial tienen los siguientes propósitos:
• Contribuir al
crecimiento económico con mayor generación de valor agregado
• Contribuir en
forma significativa a la generación de empleo sostenible
• Constituir un eje
central del desarrollo regional y de la integración territorial
• Continuar
satisfaciendo la demanda interna de alimentos y aportando divisas
• Reforzar la
inserción internacional de la
Argentina en una economía mundial crecientemente competitiva
• Asegurar la
sustentabilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales
• Contribuir al
bienestar de la población rural y de los pequeños centros urbanos del interior del país.
Los avances en el logro de estos propósitos
requerirán intensa coordinación multisectorial y territorial, así
como establecer y sostener en el tiempo Políticas de Estado orientadas a:
1. Impulsar de
manera creciente los procesos de generación y adopción de tecnología como motores del
crecimiento y de la trasformación productiva, dando especial reconocimiento a la
importancia estratégica de la biotecnología.
2. Establecer una
política de comercialización y de precios transparente y que fomente la competencia en
los mercados mayoristas y minoristas, favoreciendo las inversiones y el incremento de
productividad y atendiendo a satisfacer las necesidades de consumo de los
grupos sociales más vulnerables.
3. Evolucionar
hacia una política impositiva que se aparte de impuestos que penalizan la inversión y la
productividad, y que apunte a incrementar de manera sostenible la oferta de bienes
del sistema agroalimentario y agroindustrial, al tiempo que satisfaga las necesidades genuinas
de recaudación, locales y nacionales.
4. Participar
activamente en las negociaciones que impulsen un comercio mundial sin barreras a la
producción agropecuaria, como reflejo de las políticas internas que ubiquen al país
como proveedor confiable y responsable de alimentos y demás productos de las industrias
que integran el sistema agroalimentario y agroindustrial.
5. Promover
actividades que incrementen de manera competitiva y sostenible la oferta de nuevos
productos, tales como la bioenergía, cuidando de lograr un adecuado equilibrio en el
uso de los recursos naturales disponibles.
6. Mejorar la
infraestructura de transporte y de riego en apoyo a la integración territorial, al aumento de la
producción y a la mejora de la competitividad del sector.
7. Diseñar y
ejecutar las medidas que garanticen la adecuada utilización y preservación de los recursos
naturales renovables y que, en particular, preserven la cantidad y la calidad de los
suelos y de las aguas.
8. Diseñar y
ejecutar políticas especificas de apoyo a la agricultura familiar.
9. Fortalecer y
consolidar una estructura institucional para el sector público agro-industrial acorde con la
relevancia y complejidad de las Políticas de Estado propuestas.
La tecnología
y la innovación: Recomendaciones
1. Aumentar
sustancialmente la inversión pública en Investigación y Desarrollo,
especialmente con incrementos de
los fondos concursables. En un plazo breve es necesario duplicar los
actuales niveles de inversión pública sectorial para alcanzar el 1% del Producto
Agroindustrial y niveles similares a nivel global para atender adecuadamente a los desarrollos
de la biotecnología, las tecnologías de información y otras tecnologías
de carácter horizontal que resultan estratégicas para la mejora sistemática de la
competitividad del sector.
2. Promover un
aumento significativo de la participación privada y de su inversión en la investigación y
el desarrollo agrícola, a partir de un marco institucional y normativo que contemple:
• su articulación
con el sistema público;
• el respeto de la
propiedad intelectual de las innovaciones
• la seguridad
jurídica de las inversiones
3. Resolver las
incertidumbres y desincentivos que genera el contexto actual, especialmente en el caso de las
semillas. Fortalecer la capacidad operativa del Instituto Nacional de
Semillas y de la
Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria y redefinir la
estrategia de bioseguridad para recuperar la vanguardia perdida en
materia de los
productos de la biotecnología.
4. El sistema
público debe instrumentar una agenda de investigación y desarrollo más diversa y
compleja que la desarrollada hasta el presente, que no sólo contemple los aumentos en la
productividad y la competitividad sino que también otorgue prioridad a
promover un mejor uso de los recursos naturales en forma sostenible (bienes
públicos).
La política científica y tecnológica constituye un componente esencial de una Política de Estado en materia agroindustrial, que asigne una alta prioridad al aumento de la productividad, al uso sostenible de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente.
El sistema argentino presenta interesantes fortalezas, tales como: el alto grado de desarrollo de la estructura institucional de investigación y desarrollo agrícola (IDA) público; la existencia del INTA, entidad de reconocido prestigio internacional y nacional; la participación creciente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) con fondos concursables para el apoyo de proyectos públicos y privados de IDA; la incorporación a partir de los años 1990s de diversos programas y proyectos de extensión y desarrollo rural por parte de
También se observan
debilidades tales como los bajos niveles de inversión pública y privada; la falta
de articulación entre los distintos participantes públicos y privados y la existencia de
modelos de gestión institucional que no la promueven; deficiencias en el marco institucional
y normativo requerido para inducir una mayor inversión privada; escasa
investigación y desarrollo en aspectos de importancia creciente, como el uso sostenible de los
recursos naturales y la conservación del medio ambiente, el agregado de valor en las
distintas etapas de las cadenas agroindustriales, las innovaciones organizacionales, y
otras. Es de notar que la
Argentina tuvo un liderazgo regional con la creación del
INTA y sus desarrollos durante los años sesenta a ochenta; hoy el EMBRAPA de Brasil lo ha
superado notablemente con desarrollos propios y articulaciones
con el sector
privado para el desarrollo de tecnologías de punta. Más recientemente la Argentina tuvo un
liderazgo regional y mundial en la utilización de la biotecnología agrícola en los
años noventa; esta posición se ha ido perdiendo a favor de Brasil, India, China y otros
países, por lo que es urgente revisar las normativas y contextos para recuperar el liderazgo
perdido.
La evolución
reciente de la investigación y del desarrollo a nivel global muestra una participación creciente del
sector privado, por lo que no basta con aumentar los presupuestos públicos -que son
extremadamente bajos en Argentina-, sino que además se debe crear el ambiente
propicio para promover la inversión privada y la vinculación/cooperación entre los distintos
participantes públicos y privados, tanto del sistema nacional
como del
internacional de investigación y desarrollo. Asimismo, la importancia
estratégica de las nuevas
tecnologías, tales como la biotecnología, involucra a todo el sistema científico y no
sólo a lo agroindustrial. El desafío, entonces, es lograr una eficiente
articulación de todo el sistema
público-privado, replanteando los modelos de planificación y gestión vigentes
en el INTA, el INTI y las demás instituciones, y creando mecanismos y condiciones
tendientes a promover la participación y la inversión privada.
Política de
comercialización de productos agropecuarios: Recomendaciones
1. Dar
transparencia y promover la competencia en la comercialización externa e
interna de productos
agropecuarios, mediante la adopción de reglas claras y estables que reemplacen el
ejercicio arbitrario de la autoridad administrativa.
2. Eliminar las
restricciones a las exportaciones.
3. Promover la
modernización del proceso de comercialización de los productos agropecuarios (por ejemplo
instrumentando de manera inmediata en las grandes ciudades y progresiva en el
resto del país de, la Ley
Federal de Carnes Nª 22.375).
4. Esclarecer a la
opinión pública sobre la naturaleza del proceso de formación de precios de los productos
que utilizan insumos agropecuarios con el objeto de corregir la equivocada
percepción de que el aumento de los precios de los productos primarios (por ejemplo trigo)
se traslada en igual proporción a los productos finales (por ejemplo pan),
asignando indebidamente al productor agropecuario la responsabilidad principal del
encarecimiento del costo de vida. Esto se vuelve especialmente relevante en un
ambiente inflacionario.
Con el propósito de promover la transparencia y competencia en la comercialización, el principal organismo de regulación e intervención en el mercado agropecuario fue la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), creado en el año 1996 para “fiscalizar el estricto cumplimiento de las normas de comercialización en el sector agropecuario, a fin de asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia para estas actividades…”. A partir de mayo del año 2006, las crecientes intervenciones estatales en el comercio de carnes, granos y lácteos (cierres transitorios y otorgamiento de cupos de exportación y utilización de “compensaciones”, junto a la creación de un Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, que incluye a todos los granos) fueron responsabilidad de
En el último
quinquenio, tanto la comercialización interna como externa de granos, carnes y lácteos
han sido distorsionadas como consecuencia de intervenciones oficiales crecientes,
cambiantes e imprevisibles. Estas intervenciones han creado sobrecostos en el sistema
comercial y debilitado la presencia argentina en mercados mundiales y, en consecuencia, han
afectado negativamente a la producción. La creación de un complejo y costoso sistema
de subsidios a determinados procesos y producciones, así como la escasa
transparencia de dicho sistema, han agravado los resultados negativos.
Por otra parte, la Argentina enfrenta un
importante desafío: modernizar la comercialización interna de carne
bovina, que continúa basándose en una forma de faena arcaica que, por
deficiencia en los estándares comerciales y sanitarios, impide que la carne
tenga la posibilidad
tanto de comercializarse más eficientemente en el mercado interno como de acceder a
los mercados externos donde se cotizaría con premio. A diferencia de lo que ha ocurrido
con la industria láctea, el procesamiento de la carne bovina no se ha modernizado,
con la consecuente subvaloración del producto final por falta de diferenciación de
los cortes y de los mercados de destino.
Con relación a la necesidad de esclarecer mecanismos de formación de precios, se verifica que la participación del insumo en el precio final tiende a disminuir a medida que los productos y los sistemas de distribución y comercialización son más sofisticados. Esto implica que los cambios en la eficiencia del sistema de procesamiento, comercialización y distribución tienen hoy mayor importancia para los consumidores que los cambios en la eficiencia de la producción y consecuentemente en los precios de los productos primarios.
Carece de sustento racional pensar que un
cambio, positivo o negativo, del precio del producto
primario (trigo, por ejemplo) se traslade, en igual magnitud, al precio del producto final
(pan). Cuando existe inflación, todos los precios tienden a ajustarse hacia arriba. Así,
si el precio de la harina de trigo aumentara 20%, el precio del pan probablemente
aumentaría en la misma proporción, pero no como consecuencia del aumento en el
precio de la harina sino del marco macroeconómico inflacionario.
Política
impositiva agropeacuaria: Recomendaciones
1. Reducir
gradualmente las retenciones a las exportaciones hasta su eliminación. Compensar
parcialmente la disminución en la recaudación fiscal con un anticipo del Impuesto a las
Ganancias, imputable a cuenta del mismo.
2. En el mediano y
largo plazo el sector agroalimentario debe tributar con la misma estructura de
impuestos nacionales coparticipables aplicada al resto de los sectores económicos. Se debe
concentrar la recaudación fiscal nacional en el Impuesto a las Ganancias y en el
IVA. Para ello los impuestos a las exportaciones agropecuarias (retenciones) deben ser
sustituidos por dichos impuestos coparticipables que carezcan de efectos
depresivos sobre la producción.
3. Incrementar los
ingresos fiscales de las provincias y municipios. Ello ocurrirá como consecuencia del
aumento de la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables y de los impuestos
provinciales, asociados en ambos casos a los mayores ingresos
agropecuarios resultantes de la disminución y posterior eliminación de las retenciones.
Asimismo, la recaudación proveniente del impuesto inmobiliario podrá incrementarse como
consecuencia de los aumentos registrados en los precios de la tierra.
4. De acuerdo a lo
prescripto por la
Constitución Nacional , recordar que todos los impuestos nacionales deben
ser establecidos por una ley de la
Nación.
Las principales lecciones que emergen de la experiencia del uso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias a lo largo de medio siglo son:
Las principales lecciones que emergen de la experiencia del uso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias a lo largo de medio siglo son:
- Constituyen una
permanente fuente de conflicto en las relaciones entre los productores agropecuarios y el
gobierno nacional. Las retenciones son un impuesto “desgastado” en el sentido de
que ha causado repetidos conflictos entre los sucesivos gobiernos y el sector
agropecuario, absorbiendo excesivas energías durante demasiado tiempo. La crisis de 2008 no
ha sido más que la culminación de este prolongado enfrentamiento,
cuya resolución
tendría indudablemente altos retornos políticos, económicos y sociales.
- Por otra parte, se
trata de un impuesto que le quita competitividad a la producción y prácticamente ha
sido desechado por los principales competidores de Argentina. A su vez las
retenciones son una modalidad cómoda y segura de recaudación de impuestos nacionales, pero
que operan en detrimento de una mejor utilización de los recursos productivos y, en
consecuencia, de la generación de mayores producciones y de
sus efectos
multiplicadores de empleo y en el crecimiento de la economía argentina.
- Las retenciones son
impuestos no coparticipables, de acuerdo a la Constitución Nacional , que reducen los
precios e ingresos agropecuarios y por ende disminuyen los impuestos municipales,
provinciales y nacionales coparticipables; es decir son un impuesto anti-federal, que
concentra el poder político del PEN, situación ésta que se considera indeseable.
La experiencia
histórica y reciente muestra que las retenciones no han sido un instrumento idóneo para reducir
la inflación, que es atribuible esencialmente a las políticas macroeconómicas y
fiscales. Se corre el riesgo,
no menor, de que la persistencia de estos impuestos desacelere, o incluso interrumpa, la
fuerte expansión de la agricultura característica del último medio siglo y que se
acentuó sensiblemente a partir de las reformas instrumentadas a comienzos de los años
noventa; entre otras, la eliminación de las retenciones y de importantes cambios
tecnológicos y organizacionales en la producción ocurridos desde entonces. De modo que resulta
prioritaria la búsqueda de soluciones fiscales alternativas, que sustituyan a las
retenciones, que no tengan efectos depresivos sobre la producción, ni que generen el
rechazo político en las provincias y en el sector agropecuario.
La sustancial valorización de las tierras agropecuarias es un fenómeno estructural, que se verifica desde mediados de los años noventa a nivel mundial y ofrece la posibilidad de articular modificaciones en el sistema impositivo agropecuario, trasladando parcialmente el peso de las retenciones a los impuestos inmobiliarios provinciales y al impuesto a las ganancias.
La sustancial valorización de las tierras agropecuarias es un fenómeno estructural, que se verifica desde mediados de los años noventa a nivel mundial y ofrece la posibilidad de articular modificaciones en el sistema impositivo agropecuario, trasladando parcialmente el peso de las retenciones a los impuestos inmobiliarios provinciales y al impuesto a las ganancias.
Negociaciones
internacionales: Recomendaciones
1. Aprovechar el
excelente contexto internacional para posicionar a la Argentina como un proveedor
confiable y relevante de alimentos y biocombustibles, asumiendo una posición constructiva
y de liderazgo en los principales foros, en particular el G20.
2. Cambiar el
enfoque defensivo que ha caracterizado a la estrategia comercial reciente de Argentina por
una opción ofensiva que priorice las oportunidades que brindan las
asociaciones comerciales con los grandes bloques o países del mundo, mediante Tratados
de Libre Comercio. Ello implica definir una estrategia de largo plazo y una agenda
de negociaciones regionales-bilaterales con los mercados más relevantes para
Argentina. Concluir el Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea.
3. Insistir en el
cierre de la Ronda
de DOHA a la brevedad, aunque lo logrado sea un acuerdo menos
satisfactorio que lo originalmente ambicionado, evitando así el riesgo de terminar sin
acuerdo alguno.
4. Crear una
Agencia de Promoción del Comercio Exterior significativamente más ambiciosa que la Fundación Exportar ,
dándole una magnitud similar a las organizaciones que existen en
países tales como Australia, Chile, Nueva Zelanda o Irlanda. La creación de esta
agencia complementaría la agresiva agenda de negociaciones comerciales que se
recomienda.
En cuanto al posicionamiento internacional,
La estrategia
defensiva de negociaciones que ha prevalecido recientemente no se corresponde con el reducido
tamaño del mercado local, aún considerando al MERCOSUR. Esto plantea la
necesidad de contar con una estrategia agresiva de negociaciones comerciales en distintos
ámbitos, que permitan mejorar el acceso a los mercados mundiales. Con relación a la ronda Doha de negociaciones
multilaterales, se han logrado muy pocos avances
en la liberalización del comercio de productos agrícolas; existen asimismo serias
dudas acerca de las posibilidades de alcanzar logros significativos en un plazo cercano. Por
esto es que continúan vigentes en muchos países elevados aranceles de importación y
subsidios para productos de interés para la Argentina.
Frente al marco de
poco progreso de las negociaciones multilaterales, es necesario intensificar las negociaciones a
nivel bilateral, regional o entre países de diferentes regiones, concretados a
partir de Acuerdos o Tratados de Libre Comercio (TLCs). La Argentina no ha concluido
negociaciones bilaterales – regionales con los mercados de mayor potencial, como lo han hecho
México, Chile, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros países que han firmado
tratados con EEUU, Europa, China, Japón y otros. En la Argentina se ha dado prioridad a
evitar las amenazas en lugar de aprovechar las oportunidades que brindan los TLCs
con los mercados relevantes. Esto ha resultado en que:
• La Argentina enfrenta
mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores
en mercados
relevantes (UE, EEUU, China, Japón);
• Se plantean
mayores exigencias de competitividad privada a las cadenas exportadoras,
las cuales reciben
precios sustancialmente menores a los logrados por los
exportadores de
países que han firmado tratados; y
• Se pierden los
efectos dinámicos de la asociación con países desarrollados, que pueden
contribuir a
mejorar la competitividad local de toda la economía.
No se cuenta con un
organismo capacitado para complementar a las negociaciones y ejecutar una
estrategia pro-activa de crecimiento nacional basado en las exportaciones. El fuerte apoyo de
una Agencia de Promoción del Comercio Exterior es imprescindible para viabilizar la
participación de las PYMEs y facilitar el acceso a los mercados. Las alianzas
público-privadas para el desarrollo de mercados son un componente esencial de esta estrategia,
para mejorar la inteligencia de mercado y para promover el acceso mediante los
distintos instrumentos utilizados por los países exitosos en su comercio exterior
(plataformas comerciales, campañas comerciales, lobby y otros). Esto implica contar con un
presupuesto sustancialmente mayor al asignado actualmente para estas actividades.
Infraestructura de transporte y riego: Recomendaciones
Infraestructura de transporte y riego: Recomendaciones
1. Recuperar y
fortalecer el transporte ferroviario de granos y otros productos agropecuarios. Aumentar en forma
perentoria y significativa la inversión pública en el sistema y promover
la participación de la inversión privada.
2. Desarrollar el
transporte fluvial. Concretar los tres ejes viales transversales: el corredor bioceánico Norte
Grande, el corredor Central y el corredor de la Patagonia , para vincular o
brindar acceso de los centros productivos nacionales con los puertos argentinos y
también de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.
3. Garantizar la
transitabilidad permanente de los caminos, especialmente rurales, a un costo razonable
por kilómetro, y utilizar el financiamiento de las tasas viales municipales y otros
recursos para reducir el aislamiento y el costo de transporte, aumentando la competitividad
de los productos agropecuarios provenientes de zonas alejadas de los
puertos.
4. Promover el
crecimiento de la capacidad de almacenamiento de granos mediante el financiamiento de
largo plazo.
5. Incorporar
mediante inversiones en riego nuevas tierras al proceso productivo,
principalmente para las economías
regionales. Una eficaz administración del recurso agua requiere
mejorar el funcionamiento de las instalaciones y obras de infraestructura existentes en zonas
donde el agua es un recurso escaso (zona andina) y realizar más obras
de infraestructura donde hay excedentes de agua (Litoral y Sur del país).
6. Acordar y poner
en práctica una estrategia de desarrollo institucional para coordinar las políticas de
infraestructura nacional y provinciales mediante la creación de un Consejo Federal
de Infraestructura Rural.
El principal
problema de la Argentina
en esta materia es la falta de visión y de estrategia global y de largo
plazo. Su crecimiento y desarrollo han sido casi espontáneos y de acuerdo a
oportunidades y necesidades inmediatas. El parque de
transporte automotor cuenta con unos 360.000 camiones. De ellos, 140.000 son graneleros, con
una capacidad para 4.200.000 toneladas y tienen una antigüedad promedio de 19
años. Esto se enfatiza en atención a que el 83% del transporte de granos se realiza por
camiones, el 15% por ferrocarril y meramente el 2% por barcazas.
La existencia de un
parque automotor crecientemente insuficiente, junto a la conveniencia de reducir costos
unitarios de transporte, plantean la necesidad de aumentar la capacidad de
transporte por ferrocarril y por vía fluvial.
Con relación a puertos, accesos y vías navegables, los aumentos productivos que pueden esperarse requerirán la expansión del complejo de 17 puertos del Paraná inferior por donde se embarcan 75 millones de toneladas anuales (casi el 80% de los granos y derivados exportados y la mitad de las exportaciones totales del país). Similares posibilidades de ampliación de la capacidad de carga tiene la provincia de Entre Ríos, con Ibicuy, Diamante, Concepción del Uruguay,La Paz
y Puerto Márquez.
La red vial rural está compuesta por alrededor de650.000 km , en su mayoría de tierra. Los caminos
dependen para su mantenimiento de los municipios; y para su construcción y mantenimiento
existe una tasa vial. Estos caminos constituyen las arterias principales para la salida de
la producción.
Con relación a puertos, accesos y vías navegables, los aumentos productivos que pueden esperarse requerirán la expansión del complejo de 17 puertos del Paraná inferior por donde se embarcan 75 millones de toneladas anuales (casi el 80% de los granos y derivados exportados y la mitad de las exportaciones totales del país). Similares posibilidades de ampliación de la capacidad de carga tiene la provincia de Entre Ríos, con Ibicuy, Diamante, Concepción del Uruguay,
La red vial rural está compuesta por alrededor de
La capacidad de
almacenamiento de granos es del orden del 75% de la producción, lo que implica una
seria restricción para cosechas que superen significativamente los 100 millones de
toneladas, ya que el uso de los silos-bolsa constituye una solución
transitoria. En breve plazo es
necesario aumentar la capacidad instalada en 30 millones de toneladas, lo que
implica una inversión del orden de los 3.000 millones de dólares.
Dos tercios del
territorio nacional se clasifican como zonas áridas o semi-áridas. Los sistemas de riego en zonas
áridas, en su mayoría, son derivados de obras de generación de energía. Se
estima que existen más de 1,6 millones de hectáreas con disponibilidad de riego, las
cuales funcionan con técnicas relativamente ineficientes de gravedad y de inundación. El
potencial agrícola irrigable es enorme; en una década se podría duplicar el área actual con
riego.
De las 300.000 explotaciones agropecuarias (total nacional), 80.000 utilizan agua de riego. El bajo nivel de eficiencia ha obligado a sobredimensionar los sistemas y ha provocado problemas de salinización y de drenaje. A partir de mediados de los años 1990s se iniciaron estudios, proyectos e inversiones para mejorar los sistemas de riego. En la pampa húmeda el riego con agua subterránea es muy importante para asegurar el éxito de los cultivos, aunque se deben regularizar y modernizar las normas legales (códigos de agua).
La administración integral del agua requiere atender también a las inversiones de drenaje y control de inundaciones en las zonas donde el potencial productivo es desaprovechado en ciertas épocas del año, por falta de las obras que mejoren la distribución del agua en el tiempo.
La inversión en
infraestructura para el desarrollo territorial debe considerar de manera primordial lo
necesario en vivienda, salud y educación, favoreciendo el arraigo de población que permita el
desarrollo del sistema agroalimentario y agroindustrial.
Sustentabilidad
de los Recursos Naturales Agropecuarios: Recomendaciones
1. Establecer un
marco federal de Política de Conservación de Suelos y Aguas para todas las
producciones agropecuarias, por las profundas modificaciones producidas por la agricultura,
el talado de montes, y sobre-pastoreos de pastizales naturales con riesgo de
erosión, desertificación y pérdida de biodiversidad. Para su implementación se propone la
creación de una Agencia Federal de Conservación de los suelos y agua para uso
agrícola, con la participación y el concurso de las Provincias y en concurrencia con el
Ordenamiento Territorial que éstas deben implementar para el uso racional de los
recursos naturales del país.
2. Promover las
buenas prácticas agrícolas en el uso del suelo, aguas e insumos (siembra directa,
agricultura de precisión, manejo integrado de plagas, control del uso de insumos químicos
y reposición de nutrientes). Con este propósito se propone desarrollar un
programa de incentivos.
3. Fomentar el desarrollo forestal,
especialmente en tierras susceptibles a la erosión y sin capacidad agrícola.
4. Incrementar
significativamente los recursos públicos destinados a generar un mayor conocimiento sobre
la capacidad y uso de los recursos naturales, elemento indispensable para poder
implementar las recomendaciones anteriores.
La producción
agropecuaria constituye una alteración de los sistemas naturales, con consecuencias en la
capacidad de regulación y equilibrio ecológico. Ejemplo de esto son las
deforestaciones en una importante área del país de suelos lábiles como San Luis, Córdoba,
Chaco, Santiago del Estero y Salta, entre otras provincias, y la expansión del área agrícola
en la zona pampeana, que ha desplazado a la ganadería de las tierras cultivables y
dejado de lado las rotaciones agrícola–ganaderas como reconstituyentes de la estructura y
fertilidad de los suelos. Este proceso de
expansión de la frontera agrícola y la sustitución de la ganadería por la agricultura está
impulsado por la diferencia de rentabilidad entre ambas actividades, que existió hasta
el año 2010, y la canalización de recursos financieros de origen urbano a través de
nuevas formas organizativas de la producción agropecuaria que privilegian a
empresas de gran dimensión económica y mayor competitividad lograda a través del
desarrollo tecnológico y la organización empresarial.
El principal activo del sector son, sin duda, los recursos naturales agrícolas. Su conservación a través de sistemas de producción agropecuaria adecuados debe ser el objetivo estratégico en la política sectorial. La creación de un Marco Federal de políticas de conservación de suelos y aguas es un deber pendiente de
El aprovechamiento
del agua de riego y el potencial de mayores áreas explotables deben ser realizados en
conjunto entre la Nación
y las Provincias con cursos de agua de jurisdicciones
compartidas. Según estudios del INTA, se podrían poner bajo riego 4 millones de hectáreas
adicionales con el recurso hídrico disponible, lo cual representa casi cuadruplicar el
área irrigada actualmente. Por otra parte, las tecnologías de riego por
goteo disponibles
constituyen un valioso ejemplo de eficiencia en el uso de un recurso escaso. Su empleo
debiera ser fuertemente promovido. El manejo integrado
de producción, las tecnologías de posicionamiento satelital y las máquinas de
dosificación variable de los agroquímicos y semillas por mapeo, permiten lograr los mismos
rendimientos de producción con el uso mínimo y racional de insumos, disminuyendo su
impacto en el medio donde se realiza.
También la
expansión de la producción de fibras maderables o para papel de 1 millón de hectáreas
implantadas actuales a 4-5 millones es una posibilidad que sólo espera las condiciones
jurídicas y de inversión para realizarse y son un factor de conservación de suelos y de captura
de carbono. La cadena de la madera es una de las que generan más valor y demanda más
empleo, y su ciclo de corte es la mitad del de países forestales como Finlandia,
Suecia y Chile.
Nuevos
productos estratégicos. El caso de la Bioenergía: Recomendaciones
1. Promover la
producción de biocombustibles.
2. Aportar recursos
para la investigación y el desarrollo de tecnologías de segunda generación, especialmente las
dirigidas a la utilización de biomasa (celulosa, desechos forestales y
otros), con el objetivo de sustituir progresivamente los cereales y las oleaginosas en la
producción de biocombustibles.
3. Revisar la
legislación existente para mejorar el marco legal y fiscal que regula y promueve la
producción de biocombustibles.
Las energías
fósiles, petróleo y gas, contribuyen con 36 y 50 respectivamente a la matriz energética
argentina. El 13% restante es aportado por: hidráulica 5%, nuclear 3%, leña y bagazo 2%, carbón
1% y otros primarios 2%. Puede observarse que los biocombustibles representan un
porcentaje ínfimo, 1,2% del total de la energía consumida. Sin embargo, debido a
la disponibilidad de recursos naturales, la Argentina tiene un gran potencial para
expandir la producción y aprovechar tanto la demanda interna como la importante demanda
internacional, que estará presente en los próximos 20-30 años, a partir de cuando se
menciona que otras fuentes, incluyendo el hidrógeno, comenzarán a dominar la matriz
energética mundial.
La producción de
biocombustibles es una excelente oportunidad de agregar valor a la producción
primaria, aumentando el empleo y la actividad económica a nivel regional. La Ley 26.093, sancionada en el
año 2006 y reglamentada en el año 2007, establece que para el primero
de enero de 2010 las naftas y el gasoil debieran contener un mínimo de 5% de bioetanol
y de biodiesel respectivamente. Posteriormente, el porcentaje mínimo del
biodiesel que debe ser incorporado al gasoil fue aumentado al 7%. Esta demanda inducida
representa, en el año 2011, 1,2 millones de toneladas de biodiesel y 250 mil toneladas
de bioetanol, las cuales pueden ser abastecidas sin problemas por la producción
actual, existiendo un sobrante importante de biodiesel que se exporta principalmente al
mercado europeo.
Las tecnologías en desarrollo, que se recomienda impulsar, ofrecen la oportunidad de utilizar celulosa de origen forestal y otros desechos en la producción de biocombustibles, siendo una fuente potencial de energía más eficiente y menos competitiva con la producción de alimentos.
Las tecnologías en desarrollo, que se recomienda impulsar, ofrecen la oportunidad de utilizar celulosa de origen forestal y otros desechos en la producción de biocombustibles, siendo una fuente potencial de energía más eficiente y menos competitiva con la producción de alimentos.
Agricultura
familiar: Recomendaciones
1. Apoyar y
fortalecer la instrumentación de las políticas diferenciales que contemplen, en forma integral,
el acceso al crédito, la asistencia técnica y el acceso a los mercados de
productos e insumos, mediante nuevas formas de organización, así como con los demás
programas especiales que apoyan a la agricultura familiar.
2. Promover, a
través de convenios con las provincias, el ordenamiento catastral en los casos en que fuera
necesario para regularizar la propiedad de la tierra por parte de ocupantes
tradicionales y especialmente de los pueblos originarios, para proteger sus derechos.
3. Poner las
necesidades de la agricultura familiar como elemento central para decidir las prioridades de
inversión en relación a la infraestructura de caminos rurales, educación, salud,
comunicaciones y electrificación.
La agricultura
familiar es un componente importante de la producción agropecuaria. Las cifras del
Censo del 2002 sugieren que hay alrededor de 250.000 productores familiares que representan el
75% del total de empresas agropecuarias y tienen el 18% de la superficie
total. Dichas empresas familiares contribuyen con el 27% del valor bruto de la producción
agropecuaria, aportando alrededor del 30% de la producción de frutales y alrededor del 50
% de la producción de hortalizas. Por lo tanto, su capacidad de producción y
desarrollo es importante para la oferta de alimentos y la seguridad alimentaria
nacional.
El desarrollo y consolidación de la agricultura familiar es también importante para lograr una adecuada distribución poblacional, la ocupación territorial y la descentralización del país. La agricultura familiar enfrenta una serie de desventajas económicas originadas en su imposibilidad de beneficiarse de las economías de escala de las empresas de mayor tamaño, que les permite lograr ventajas comerciales que logran debido a su mayor volumen de operaciones y el mayor acceso a la tecnología y a créditos de largo plazo.
Las políticas públicas deben estar orientadas a paliar estas desventajas y establecer mejores condiciones de competencia, así como a promover formas asociativas. La expansión de la frontera agrícola pone en riesgo la ocupación histórica de tierras sin derechos jurídicos sólidos. Esto es especialmente cierto y riesgoso en el caso de pequeños productores y de comunidades de los pueblos originarios.
Fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria: Recomendaciones
1. Fortalecer el
Ministerio de Agricultura en sus capacidades técnicas y políticas para que éste sea el
ámbito natural para el diseño y definición de la política agropecuaria y los programas de
intervención del sector público en la actividad agropecuaria.
2. Fortalecer las
capacidades del Ministerio de Agricultura para participar y colaborar con otros ámbitos
del sector público en aéreas de responsabilidad compartida tales como, por ejemplo,
las políticas sociales y de infraestructura de aplicación en el sector rural y las
negociaciones comerciales internacionales relacionadas a la producción agropecuaria.
3. Desarrollar y
fortalecer organismos descentralizados dentro del ámbito y competencias del Ministerio de
Agricultura que tengan la responsabilidad principal para la implementación
de las políticas y programas diseñados por el Ministerio de Agricultura.En este sentido es
de especial prioridad:
a) Fortalecer al INTA en sus funciones de investigación y promoción de la innovación en la producción agropecuaria y agroindustrial;
b) fortalecer institucionalmente al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ala Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) en sus funciones
específicas;
c) crear un organismo encargado de ejecutar las políticas y programas de apoyo a la agricultura familiar y que participe con otros órganos del Gobierno Nacional y Provinciales en los programas dirigidos a la erradicación de la pobreza rural;
d) crear un nuevo mecanismo institucional, en reemplazo del ONCCA y del organismo que lo ha sucedido, que brinde información, promueva la transparencia y el buen desempeño de los mercados.
a) Fortalecer al INTA en sus funciones de investigación y promoción de la innovación en la producción agropecuaria y agroindustrial;
b) fortalecer institucionalmente al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y a
c) crear un organismo encargado de ejecutar las políticas y programas de apoyo a la agricultura familiar y que participe con otros órganos del Gobierno Nacional y Provinciales en los programas dirigidos a la erradicación de la pobreza rural;
d) crear un nuevo mecanismo institucional, en reemplazo del ONCCA y del organismo que lo ha sucedido, que brinde información, promueva la transparencia y el buen desempeño de los mercados.
La reciente
creación de un Ministerio de Agricultura, si bien es un paso adelante, no ha resuelto la
debilidad del Estado en su capacidad para diseñar e instrumentar una política agropecuaria
y agroindustrial de carácter integral y de largo plazo que incorpore las
nuevas realidades del contexto internacional. A estos fines es necesario fortalecer las
capacidades técnicas del Ministerio y de los organismos descentralizados existentes y a
crear.
Las cadenas
agroindustriales pueden constituir uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico y social
de Argentina con un amplio alcance territorial, aprovechando las excelentes
oportunidades que brinda el contexto internacional vigente y previsto para las próximas
décadas en materia de comercio mundial de alimentos, fibras y biocombustibles. Muy pocos países
pueden expandir significativamente el área cultivada y la producción agroindustrial para
abastecer el consumo interno y una demanda internacional dinámica de proteínas,
aceites y otros alimentos a precios competitivos. Argentina es uno de ellos y no debe
dejar de beneficiarse de las oportunidades que ya están aprovechando los países vecinos
que promueven el crecimiento de su producción agroindustrial a partir de
políticas consistentes con su desarrollo, como es el caso de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y
Colombia.
Para ello es
necesario revisar la visión arcaica y equivocada que se ha incorporado en el imaginario
popular respecto de la agricultura, que no percibe adecuadamente la importancia
estratégica de su sistema agroalimentario para el crecimiento económico y social sin
subsidios. También se debe destacar su gran capacidad de generar empleo y el fortalecimiento
de un entramado económico y social que involucra a más de 400 mil PYMES de capital
nacional que participan en cada uno de los eslabones que integran las principales
cadenas agroindustriales, tanto en las actividades de provisión de insumos y servicios, como
en la producción primaria, el procesamiento y la distribución en todo el territorio
argentino.
La experiencia de las últimas dos décadas, en las que se registraron profundas transformaciones tecnológicas y organizacionales en las principales cadenas, son una muestra evidente de la alta capacidad de respuesta del sector a los incentivos económicos y de su importancia económica y social directa para el desarrollo territorial, así como por su alto impacto en la producción y el empleo en el resto de la economía. Estas transformaciones permitieron un crecimiento significativo, pero muy inferior al potencial, en la producción de granos; pero otras cadenas quedaron postergadas y las políticas implementadas generaron distorsiones y desincentivos, con la consecuente postergación del interior del país.
En todo el mundo y
en los principales foros internacionales las políticas agroindustriales están mereciendo
una atención creciente, por sus aportes estratégicos a la seguridad alimentaria, a la
conservación de los recursos naturales, a la mitigación de los efectos nocivos del cambio
climático y a la producción de energías renovables. Argentina no puede estar ajena a
este proceso y, por el contrario, debe aprovechar los importantes aportes que el
sector puede realizar para su desarrollo económico y social y para la recuperación del liderazgo
perdido en las últimas décadas en el contexto internacional. Ello implica
acordar Políticas de Estado que den un marco propicio para el crecimiento agroindustrial como
una parte esencial de una estrategia nacional de desarrollo económico y social
sustentable del país. A partir de la experiencia acumulada durante nuestras gestiones
hemos sugerido un conjunto de políticas e instrumentos destinados a promover el
desarrollo rural territorial con equidad y un profundo respeto por la
conservación de los recursos
naturales, con la convicción de que el sistema agroalimentario y agroindustrial es
uno de los pilares clave del desarrollo equilibrado del país.
El propósito de
esta propuesta es dar lugar a un intenso debate sobre la visión y las políticas públicas
sectoriales, como instrumentos para el desarrollo equilibrado y sustentable de Argentina. Una
reflexión necesaria que el país nos exige, para construir un futuro promisorio
para las generaciones venideras y para avanzar hacia un país realmente federal y con mayor
equidad en la distribución territorial y social del ingreso.
Datos útiles:
(*) Consultor: Arturo Navarro - 011-15-40442147
ajn@arturonavarro.com.ar - www.arturonavarro.com.ar
Fuentes:
ajn@arturonavarro.com.ar - www.arturonavarro.com.ar
Fuentes:
- DIARIO NUEVA PROVINCIA
1 comentario:
podrian empezar por hacer de la SOJA la base para un sin fin de materiales comestibles(aceites,jabon,embutidos,
quesos,harinas,salsa de soja,pastas y otros) ademas de otros como aceites para motores y maquinas ,en la construccion,papel,ect...
aqui les dejo unas paginas para ver un poco la gran utilidad que se le da fuera...gracias
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/soybean-oil.html
http://www.soya.be/soybean-oil.php
http://media.ford.com/article_display.cfm?article_id=14047
http://www.technomediablog.com/tag/shedd-aquarium/
http://www.sheddaquarium.org/
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